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2- Programa de Acción

Programa de Acción

I. EL PRI: GRAN TRANSFORMADOR DE MÉXICO

El texto y el espíritu de nuestra Constitución Política definen los objetivos de nuestro Partido, en los que se establece que la soberanía política reside en el pueblo y que la soberanía territorial y sus recursos naturales pertenecen originariamente a la Nación. De nuestro pasado de gestas históricas hemos sacado las lecciones que explican nuestro proyecto de Nación. En estos fundamentos se sustenta la ideología de nuestro Partido establecida en la Declaración de Principios y de ahí parte el Programa de Acción.
Sin perder la profundidad histórica de nuestros principios, entendemos que las condiciones de la vida de México y el mundo han cambiado. Lo que no debemos ni podemos perder es el impulso y la decisión por encabezar las grandes causas nacionales, sobre todo, el de la justicia social pendiente.

El Programa de Acción del PRI debe expresar los fundamentos de la nueva sociedad a la que aspiramos, en los términos de nuestra Declaración de Principios. De ahí entendemos las grandes urgencias nacionales como son el fortalecimiento al federalismo, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el combate a la corrupción y la impunidad; la competitividad generadora de empleos y riqueza, las reivindicaciones laborales, las de los grupos vulnerables; los derechos de las mujeres y los jóvenes; los de los pueblos campesinos e indígenas y de los migrantes nacionales y en el exterior; entre otros.

Característica fundamental del PRI ha sido procurar la solución de los grandes problemas nacionales a través de la formación de instituciones y de la consolidación de políticas públicas con profundo contenido social y clara vocación democrática. Así lo planteamos ahora en este Programa de Acción, sólo que en el entendimiento de las nuevas condiciones regionales, nacionales e internacionales.

Después de la alternancia en el poder del año 2000, el PRI como Partido en la oposición en el Ejecutivo Federal, ha comprometido su participación para ser una opción real de gobierno. Desde esta posición, ha participado como la fuerza política que más contribuye en la definición y construcción del México que todos anhelamos. Hemos desempeñado un papel decisivo en reformas que, difícil como ha sido, coadyuvarán a hacer viable el futuro del país.

Nuestro Partido ha venido sosteniendo la necesidad de hacer corresponder la gran transformación registrada por el sistema político en el tránsito para consolidar un régimen democrático, con un sistema plural y competitivo de partidos, respecto de las necesidades que se presentan ahora en materia de gobernabilidad; es decir: expresar la transformación que ha ocurrido en el sistema político con la adecuación necesaria del régimen político.

Es así que el Partido promueve consistentemente la reforma del Estado y del régimen político; con esa perspectiva se han logrado avances parciales; sin embargo, se requieren nuevas reformas en las que el Partido se compromete a través de su Programa de Acción, afirmándolo como un verdadero instrumento o guía fundamental de ejercicio de la política para los priístas.

En temas cruciales para el país como el de la crisis alimentaria, el energético y el laboral, la reforma hacendaria, la de competitividad, los procesos electorales, la educación, la salud, la laicidad del Estado y la libertad de culto, el federalismo, la seguridad pública, la protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático, entre otros, estamos empeñados en un proceso de defensa de principios, siempre con propuestas constructivas, que permitan a nuestro país contemplar un futuro más promisorio en estos temas vitales para la vida de las siguientes generaciones de mexicanos.

Nos afirmamos en nuestra Declaración de Principios, fundamento ideológico del Partido, frente a lo que se percibe del actual gobierno: confusión en el rumbo; improvisación en la toma de decisiones; ineficacia en la operación de los programas y en el ejercicio presupuestal; prejuicios gubernamentales en su relación con los actores sociales y productivos; desinformación y debilidad en nuestras negociaciones con los países poderosos y pérdida de liderazgo en nuestras relaciones internacionales.

No pretendemos utopías, presentamos un Programa de Acción apegado a la ideología de nuestro partido, que asume las grandes luchas de nuestra sociedad, ajustado a nuestra realidad interna para transformarla y mantenerla atenta a la realidad externa.

En un contexto de crisis de las otras fuerzas políticas con alta representación, el PRI responde con una sólida cohesión interna que privilegia la vocación del diálogo, la tolerancia y la construcción de acuerdos.

Frente a la confrontación que postulan unos como parte de una posición rígida y dentro de un extremismo que busca erosionar a las instituciones, y ante la actitud de los otros que oscila entre el rescate del conservadurismo del siglo antepasado, la ruptura de nuestro laicismo como principio de convivencia pacífica entre creencias e ideas distintas, la vulneración de la rectoría del Estado y la reducción del proyecto social a políticas asistenciales y clientelares, el PRI responde con definiciones sólidas a favor de la democracia, la pluralidad, la justicia social, el Estado laico y la política de los acuerdos que se sustenta en principios, pero que asume posiciones abiertas y con clara disposición al debate.

La posición del PRI es a favor de la política, del Estado democrático como expresión más alta de la civilización para ordenar nuestra convivencia en un marco de diversidad, libertades y respeto; por eso mismo a favor de la sociedad, de sus iniciativas y de su capacidad de transformación. El PRI defiende ideas e instituciones, por eso asume el diálogo como el mejor instrumento de la vida pública.

El PRI constituye una fuerza política e histórica, cuya identidad la conforma la lucha perseverante y siempre inacabada a favor de la democracia y de la justicia social.

Sí queremos reconquistar el poder de la República, desde la oposición que por ahora somos, tenemos que emprender una defensa constructiva que actualice los principios y las instituciones que creamos en su momento.

Nuestro Programa de Acción contiene el conjunto de propuestas de nuestros militantes y dirigentes de su vasta estructura territorial, a través de nuestros sectores Agrario, Obrero y Popular; de las organizaciones nacionales de Mujeres y Jóvenes y del Movimiento Territorial; de sus organismos especializados, la Fundación Colosio, el ICADEP y la Unidad Revolucionaria, de Gobernadores, Legisladores Federales y Estatales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.

Esta es una visión de futuro, pero también es el cimiento fundamental para construir la Plataforma Electoral del Partido 2009-2012, la cual será una guía esencial para las campañas de nuestros candidatos a puestos de representación popular, tanto en el Congreso de la Unión, como a los gobiernos de las entidades federativas, a los Congresos de los estados, a las presidencias municipales y a sus respectivos cabildos, que correspondan el próximo año.

El PRI fue el gran impulsor del México del Siglo XX; ahora, estamos comprometidos con la construcción del Partido que el País requiere para que siga siendo la fuerza que genere la paz social necesaria para hacer frente a los desafíos del Siglo XXI.

II. POR UN NUEVO ORDEN POLÍTICO: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA

El PRI ha desempeñado un papel fundamental en la transformación política de nuestro país, ampliando los canales de participación de la sociedad, tanto en el ámbito electoral, como en la defensa de los derechos humanos y el impulso de una mayor intervención de distintos actores sociales en el desarrollo nacional.

Este es el activo más valioso que hemos logrado construir a lo largo de nuestras luchas históricas; es nuestro sistema político abierto a la participación de todos, flexible y perfectible, pero responsable de conducir el desarrollo con libertad, justicia para la sociedad e independencia y soberanía para la Nación.

Reforma del Estado: un nuevo sistema para una realidad distinta

Nuestro régimen político muestra signos de agotamiento ante una sociedad que ha emergido de un pluralismo vigoroso, que exige límites al ejercicio unilateral del poder, así como un mayor peso y eficacia de la representación nacional en la formación de las decisiones públicas.

Estamos convencidos de que es el tiempo del diálogo, de acuerdos y consensos para construir un nuevo balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que dote a nuestro régimen político de nuevas capacidades para integrar adecuadamente la representación y articule decisiones políticas que sirvan a los mexicanos; por ello el PRI se compromete a:

Construir canales de negociación y acuerdos avanzaremos en atender las mejores causas de los mexicanos; entonces tendremos la posibilidad de hacer realidad un cambio democrático, con rumbo y con visión política, acorde a los anhelos y aspiraciones de la gente en el México del Siglo XXI.

Adecuar el régimen del Estado y del gobierno a las circunstancias de un presente y futuro democrático y plural, con equilibrios y contrapesos efectivos entre los poderes de la Unión, para generar legitimidad, eficacia y gobernabilidad en la conducción de los asuntos públicos.

Concebir a la reforma del Estado como el resultado de un proceso plural para rediseñar la organización y funcionalidad del Estado, con una amplia participación ciudadana y de los actores políticos sustantivos, de naturaleza propositivo y deliberativo, y con el alcance de los acuerdos que resulten del diálogo, el contraste de ideas y el máximo consenso posible a establecer por los actores políticos participantes.

Federalismo: redistribución de responsabilidades y recursos

Consideramos impostergable el fortalecimiento del federalismo, que reasigne las competencias para redistribuir el poder en el ámbito territorial, que funja como instrumento eficaz de organización gubernamental, equilibrio e identidad nacional. El sistema federal mexicano deberá ser cooperativo, gradual, diferenciado y participativo, por lo que estamos llamados a actualizar nuestro marco jurídico, institucional y competencial. Es necesario romper la inercia histórica de que a pesar de tener un sistema federalista ha imperado un modelo político excesivamente centralizado.

Reformarlo es fortalecerlo para un buen gobierno, pero también para una mejor sociedad, ante este hecho, el PRI se compromete a:

Construir un eficaz federalismo hacendario para impulsar el desarrollo estatal, regional y municipal, y reforzaremos las bases del Estado federal a través de la revisión de competencias y la redistribución de responsabilidades y facultades de recaudación de recursos entre Federación, entidades federativas y municipios. El PRI creará una base de datos de buenas prácticas de gestión pública de sus gobiernos, para difundir e intercambiar las experiencias innovadoras y creativas, así como la evaluación del trabajo, lo cual servirá de base para el desarrollo de programas viables según las circunstancias regionales.

Impulsar que se reconozca la capacidad de los estados, el Distrito Federal y los municipios para tomar decisiones por sí mismos, sin que ello signifique el debilitamiento del pacto federal. Apoyamos una visión integral que devuelva a las entidades las facultades y potestades en materia de combate a la pobreza y la distribución equitativa de recursos para la educación, los servicios de salud y el cuidado y preservación de nuestras aguas, ríos, lagos y medio ambiente, impulsando el marco jurídico apropiado para alcanzar estos propósitos, tomando en consideración su producción, aportación y explotación de recursos naturales para el desarrollo del país.

Construir propuestas que permitan incrementar la participación de las entidades federativas y del Congreso en la planeación del desarrollo nacional a través de mayor incidencia en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y su aprobación por el Congreso o de alguna de sus Cámaras.

Respecto del Distrito Federal, es importante reconocer la confluencia de tres vertientes fundamentales sobre las cuales se ha planteado el debate que pretende definir su rumbo: la que reconoce el profundo significado que tiene el Distrito Federal para la República; por otra parte, la que desde hace aproximadamente tres décadas plantea su homologación con las entidades federativas y, finalmente, aquella que plantea soluciones urgentes a los problemas derivados de la conurbación.

El reto del PRI es hacer converger dichas vertientes. En razón de lo anterior, nos comprometemos a impulsar las reformas necesarias que garanticen y preserven la naturaleza del Distrito Federal como sede de los Poderes, reafirmando la necesidad de asegurar su adecuado funcionamiento en armonía con las características que lo distinguen.

Reforma electoral: democracia, transparencia y equidad

Una de las materias que mejor refleja la vocación del PRI por llevar a las instituciones —tanto en su proceso de creación como de adecuación— y las mejores respuestas para resolver los problemas del país, es la electoral.

Las reformas electorales significaron expresar la determinación de la sociedad y la voluntad del PRI para caminar hacia la consolidación de un regímen democrático con un sistema de partidos plural, competitivo y con alternancia.

Sin embargo, los comicios del 2006 significaron una aguda crisis de nuestras instituciones y de la legislación electoral. El desempeño cuestionado del órgano electoral, la actuación irresponsable del Poder Ejecutivo, la intervención contraria a la moral política de actores ajenos a la contienda, la cercanía en los resultados obtenidos por los dos principales partidos en la elección presidencial y el desempeño del órgano electoral, así como las impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de adecuar el marco normativo en la materia.

Tal situación ya había sido identificada por el PRI, pues en su Programa de Acción de la XIX Asamblea Nacional señaló la necesidad que el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos para propaganda fuese gratuito; de igual forma mencionó la necesidad de regular las precampañas, sus costos, su financiamiento, el tiempo de su duración y la restricción de la publicidad gubernamental en periodos electorales, entre otros aspectos.

De acuerdo con tal acervo y definiciones, no fue casual que el PRI jugara una posición destacada en la reforma electoral de noviembre de 2007, ya que ésta se encaminó básicamente por los senderos que ya había marcado nuestro Partido.

Al haberse concretado las reformas a la Constitución Política y a una parte de las leyes reglamentarias en materia electoral, el Partido se compromete a:

Impulsar las modificaciones a otros ordenamientos todavía pendientes de ser discutidos y aprobados, que permitan complementar el conjunto de estas disposiciones jurídicas, como destacadamente es el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión para que se puedan hacer efectivas las sanciones que el IFE determine por el incumplimiento de las nuevas disposiciones electorales; de igual forma son de mencionar la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre las más relevantes.

Vigilar para que la reforma electoral aprobada se aplique en todo su alcance y profundidad.

Normar, a través de las modificaciones respectivas a la legislación electoral, que en la postulación de candidatos a puestos de elección popular se evite registrar a aspirantes que en los 12 meses previos al propio registro, tengan reconocimiento público de militancia en un partido diferente al que lo postula.

Equilibrio de poderes: respeto mutuo y corresponsabilidad

El sistema presidencialista mexicano como lo conocimos durante varias décadas, se encuentra agotado, y el día de hoy muestra dificultades para cumplir sus funciones, enfrentando cotidianamente el dilema de cómo generar condiciones de cooperación con el Congreso, lo que genera dificultades adicionales al desarrollo del país. Por ello, el PRI se compromete a:

Plantear un nuevo equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a efecto de propiciar sanas prácticas de relación política, control constitucional, transparencia y rendición de cuentas, y la interacción entre los poderes, sin que ninguno de ellos decaiga en las responsabilidades constitucionales que le son atribuidas.

Actualizar y ajustar el marco de atribuciones de la Presidencia para que ésta pueda funcionar en una realidad política determinada por una gran pluralidad en el Congreso.

El PRI respeta las leyes y el Estado de Derecho, pero se requiere una relación más estrecha con el Poder Judicial para que nuestros legisladores puedan crear leyes más justas en beneficio de la sociedad y vigilar en todo momento la aplicación de la justicia con honestidad y transparencia.

Fortalecimiento del Poder Legisltivo y del control político

Una de las responsabilidades principales de los parlamentos en el mundo consiste en ejercer a plenitud la función de control administrativo, económico y político del gobierno. De hecho, los parlamentos fueron consolidándose a través de la función de aprobar y fiscalizar tanto los recursos y las finanzas de las monarquías, como en su tarea de asesorar y proponer leyes para el gobierno. Al respecto el PRI propone:

Promover una reforma al Poder Legislativo, fortaleciendo, intensificando e introduciendo criterios de transparencia a su capacidad de decisión. Se revisará la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para el establecimiento de un sistema de comisiones fuerte y diseñando incentivos para la formación de coaliciones legislativas perdurables que trasciendan la coyuntura electoral y antepongan los intereses de la Nación a los particulares, sin que ello signifique claudicación o renuncia a los principios partidistas.

Impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de extender la duración de los periodos ordinarios de sesiones; regular lo concerniente a la probable existencia de conflictos de interés de sus integrantes, revisar el número de legisladores en cada una de las Cámaras, así como la aprobación del Código de Ética de los Legisladores, entre otros aspectos, con el propósito de fortalecer el Poder Legislativo. De la misma manera nos comprometemos a promover que los congresos locales avancen en concordancia con dicha propuesta.

Introducir nuevas reformas a efecto de actualizar el marco normativo que permita dotar al Congreso de los instrumentos de control más adecuados sobre el gobierno y la administración pública.

Promover, ampliar y mejorar, desde el Congreso, esquemas de rendición de cuentas a través del fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación, con el fin de garantizar mayores alcances en la vigilancia del uso que se le da a los recursos públicos.

Reformar el Artículo 79 de la Constitución a efecto de fortalecer y actualizar al órgano superior de fiscalización, ya que en los últimos años han sido objeto de controversia constitucional algunas de sus actuaciones, por lo que surge la necesidad de dotarlo de mayor flexibilidad e insertarlo en la ruta que siguen otros países. Se propone que la Auditoria Superior de la Federación pueda realizar, como órgano técnico especializado dependiente de la Cámara de Diputados, auditorías preventivas y de desempeño, que permitan efectuar revisiones al gobierno sobre el ejercicio del presupuesto.

Participación de la sociedad

La democracia participativa debe asegurar la incorporación de los ciudadanos a las decisiones de gobierno. Sin una democracia participativa y un gobierno responsable y abierto, el Estado mexicano ve debilitada su capacidad para responder con efectividad a la sociedad y por ende, no tendrá la solidez ni la integración suficiente de todos sus elementos para cohesionar a la sociedad y la política plural.

La democracia participativa consiste en facilitar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos, asegurando su influencia en las decisiones gubernamentales y en el Poder Legislativo. El PRI reconoce que la sociedad tiene nuevas formas de expresión y organización a las que debe corresponder con apertura, identidad y auténtico compromiso social. En este sentido, en el PRI nos comprometemos a:

Promover las reformas constitucionales que permitan la participación ciudadana en los asuntos públicos a través de los mecanismos del referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana y plebiscito.

Promover la participación ciudadana a través de un pacto con la sociedad civil organizada, las agrupaciones políticas locales y nacionales, comités vecinales, consejos de participación ciudadana y representantes de colonias, barrios y unidades habitacionales.

Consolidar, desde nuestras responsabilidades de gobierno y legislativas, una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y del acceso a la información. Seremos promotores de un Gobierno sin corrupción, sujeto a la rendición de cuentas, el control popular de la administración pública a través del fortalecimiento de las funciones del Poder Legislativo en esa materia y de la contraloría social, y buscaremos eliminar toda discrecionalidad en la reserva de información por las autoridades frente a la sociedad.

Exigir que la gestión pública de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado se oriente a resultados tangibles, y nos manifestamos por el manejo sin opacidad de los recursos públicos.

Pugnar por la creación de contralorías ciudadanas que le den seguimiento permanente al desempeño de los funcionarios y servidores públicos.

Seguridad pública: Tarea ineludible e inaplazable del Estado

La seguridad pública es un tema de primer orden para nuestra sociedad, por tanto, el Estado tiene la función fundamental de garantizar la seguridad de los integrantes de la misma, la de las familias y su patrimonio.

La seguridad pública debe ser una política de Estado, pero también una política popular, sustentada en un gran consenso nacional. Por ello, el PRI se compromete a:

Señalar que los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos inmediatistas o golpes espectaculares. Se requiere de una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno; una concepción integral acorde con la Constitución, la modernización y la continuidad de las acciones, basadas en esfuerzos institucionales y ciudadanos.

La recuperación de la seguridad pública implica mejorar las normas, órganos y mecanismos que den cauce a la coordinación de todas las instancias competentes en la materia, a fin de consolidar estrategias nacionales con la participación de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, en colaboración con organismos internacionales con apego a la Constitución.

Procuración e impartición de justicia: una reforma integral

Nuestro país está viviendo una realidad diferente; el incremento de la violencia e inseguridad ha alcanzado índices alarmantes, por lo que requerimos soluciones también diferentes hasta las ahora emprendidas, con objeto de garantizarle a los ciudadanos seguridad, así como una impartición de justicia pronta y expedita. Por ello, el PRI se compromete a:

Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia, en especial en la orientación y aplicación de las políticas, así como en reforzar los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio. Particular importancia deberá darse al garantizar servidores bilingües en la defensa en los procesos penales que involucren a integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

Impulsar la autonomía del Ministerio Público con el fin de dotarlo de ámbitos de competencia más favorables en la consecución de sus objetivos, sin que ello signifique el debilitamiento del Estado.

Velar por la gradual y correcta instrumentación de los juicios orales, lo cual implica que la profesionalización de los funcionarios públicos sea de forma estricta y apegada a los principios de selección y capacitación, el apego irrestricto a la legalidad para erradicar viejas prácticas que fomenten la arbitrariedad, corrupción e impunidad, así como establecer las bases para el Sistema Acusatorio previsto en la Ley Fundamental, derivado de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal.

Revisar diferentes ordenamientos en lo relativo a la regulación del cambio de régimen laboral para policías, agentes del Ministerio Público y peritos.

Impulsar medidas legislativas a partir del siguiente ejercicio presupuestal, con la finalidad de que la Cámara de Diputados destine los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, con una visión multianual, pues si bien se señalan ocho años como máximo para la implantación del sistema acusatorio, hay disposiciones específicas que obligan a un plazo diferente para su aplicación.

Impulsar reformas a la Constitución para fortalecer el juicio de amparo como medio de defensa y control constitucional; consolidarlo como instrumento de protección de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales; así como eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.

Diseñar nuevos mecanismos de control constitucional, a fin de modernizar la justicia constitucional en México y garantizar su eficacia. En consecuencia, resulta prioritario hacer una redistribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales y juzgados federales, con el objeto de que el máximo tribunal deje de conocer cuestiones de legalidad y se concentre en el control de la constitucionalidad, para así consolidarlo como tribunal constitucional.

En suma, estamos decididos a llevar a cabo las acciones pertinentes, a efecto de perfeccionar el marco legal e institucional que establezca un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, que responda a las necesidades actuales de la sociedad en su conjunto, otorgándole certeza y seguridad jurídica plenas.

III. POR UN NUEVO ORDEN SOCIAL: COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES

Igualdad social

El mayor reto que tenemos los mexicanos como Nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo.

En el PRI ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas, pero tampoco podemos quedarnos conformes con lo que hemos logrado y mantenernos inmóviles.

Debemos de continuar luchando para que los beneficios de la seguridad social incluyan a toda la población, con el fin de que México sea un país más sano, y que nuestros adultos mayores tengan pensiones justas, un retiro digno y que cada familia mexicana cuente con un mínimo de seguridad social.

Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida; por ello, en el PRI nuestro compromiso está en:

Impulsar un nuevo orden social que incida en las causas reales de la desigualdad; que establezca una relación virtuosa entre la política económica y la política social; que cambie el sentido de las políticas públicas que son ahora simples mecanismos compensatorios que profundizan las diferencias entre las personas y las regiones; y que transforme los programas sociales para que ofrezcan verdaderas oportunidades de movilidad social y desarrollo.

Impulsar la inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos sociales de tercera generación, inherentes a los derechos humanos, e igualdad y disfrute de los mismos para todos los estratos sociales, sin exclusión por cuestiones de género, raza, credo o preferencias sexuales; de los derechos de la vida libre de violencia contra las mujeres; de la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, su integridad sexual, moral y psicológica, y de los derechos de la gente a un medio ambiente digno, seguro y confiable; de los derechos y causas de los migrantes, así como de la solución a la problemática de los exmigrantes.

Revisar la operación de los programas sociales federales, para avanzar en su transparencia, descentralización y acceso universal.

Diseñar un nuevo programa de combate a la pobreza que, con una visión integral, estimule el desarrollo personal y colectivo de los beneficiados; propicie una participación social amplia en la que las comunidades sean parte activa de su propio desarrollo; y facilite su acceso a los procesos sociales y a las instituciones gubernamentales, respetando su dignidad y alentando las potencialidades productivas.

Participación comunitaria

Impulsar, en los tres órdenes de gobierno la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y control de la política social. Las comunidades tienen el derecho legal y político de decidir su propio destino.

Exigir que el gobierno federal cumpla con la Ley General de Desarrollo Social para abrir espacios a una participación social amplia, y que los otros órdenes de gobierno, en especial, los de origen priísta asuman el compromiso de escuchar y trabajar junto con las comunidades y organizaciones sociales, como la mejor vía de transformar su realidad económica y social.

Educación para la igualdad

La educación es el factor que determina la capacidad de desarrollo de cualquier sociedad. Por este hecho de vital importancia, su responsabilidad debe recaer en el Estado, en cuanto organización superior de toda sociedad.

En este sentido, la política educativa se basa en el mandato del Artículo Tercero constitucional, que es una decisión política fundamental construida por el acuerdo histórico entre los actores del proceso educativo, los alumnos, maestros y padres de familia, el gobierno, las autoridades educativas, los grandes sectores sociales y las comunidades.

Entendemos a la educación como un instrumento eficaz de justicia social, de abatimiento de diferencias, y medio para hacer un país más competitivo en lo internacional y justo en lo interno. Por tal motivo, el PRI defenderá sin concesiones los principios constitucionales vigentes en materia de educación, y para alcanzar una educación de calidad el PRI se compromete a:

Preservar lo establecido en el Artículo Tercero constitucional, para que la educación siga siendo pública, laica, democrática y gratuita, como medio para terminar con las desigualdades sociales. El eje rector de la educación básica, media superior y superior debe ser la construcción de una nueva ciudadanía, respetuosa de las leyes, los valores cívicos y universales, con conciencia crítica y autocrítica de Nación, de su responsabilidad individual y solidaridad con las causas sociales.

Implementar una política de Estado que impulse decididamente la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, como puntales de la modernización, la soberanía y el desarrollo nacional.

Promover la incorporación de materias transversales como educación ambiental, educación para la paz, equidad de género, educación sexual, defensa del derecho a la diferencia y en contra de la discriminación de cualquier naturaleza, el racismo y la exclusión a causa de la discapacidad.

Proponer que en los planes de estudio se recupere una educación cívica y ética, sustentada en valores y actitudes que promuevan la paz, la libertad, el conocimiento, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las personas y a la patria. Así como el aumento de horas efectivas de estudio en los planes de la Secretaría de Educación Pública en lo que respecta al nivel de educación básica.

Considerar que los planes educativos deben hacer mayor énfasis en la educación física y el deporte desde el nivel preescolar, lo cual permitirá fomentar la interrelación entre la actividad física y la salud, evitando la obesidad infantil.

Ampliar la obligatoriedad de la educación hasta la educación media superior.

Atender la demanda de educación media superior, tecnológica, superior y postgrado con criterios tanto de satisfacción de los requerimientos de espacios como de calidad, para hacer frente al problema de cobertura, competitividad y pertinencia con los sectores económicos y productivos.

Impulsar un renovado sistema educativo rural. Es decir, promover una reforma a fondo de los contenidos y la estructura del sistema educativo del medio rural, para dar a los jóvenes campesinos los instrumentos que necesitan para su desarrollo.

Promover la constitución de un fondo destinado a mejorar la infraestructura educativa en el medio rural.

Fortalecer los programas de alfabetización y educación básica de adultos para atender el rezago educativo.

Promover una sociedad sin desiguales; es decir, que la educación que reciban los estudiantes deba tener la misma calidad tanto en el medio rural como en el urbano.

Luchar porque las escuelas públicas no estén sujetas al escenario de incertidumbre financiera, característico de los últimos años, para evitar la distracción en la elaboración e instrumentación de planes de superación institucional de mediano y largo plazos.

Pugnar no sólo para que los maestros de México obtengan retribuciones justas y accedan a una mejor calidad de vida, en particular en el medio rural, sino también para su profesionalización y permanente actualización académica y tecnológica, acordes con las necesidades educativas del país, así como para la creación de talleres de formación para el docente que mejoren las condiciones académicas de los profesores.

Ampliar la capacidad técnica y de recursos para promover programas dirigidos a la población con algún tipo de discapacidad, en un marco de respeto, incorporación e integración.

Diseñar e implementar un nuevo sistema nacional de becas en todos los niveles educativos, creando fondos para que los niños y jóvenes, de la ciudad y del campo, de menores recursos permanezcan en las escuelas, y estimular a quienes hagan un mayor esfuerzo para acceder a una educación de calidad.

Destinar el 8 por ciento del PIB al gasto educativo y el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto en educación superior, así como el 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología.

Continuar con el proceso de descentralización educativa, para que responda a las necesidades de desarrollo de cada entidad federativa, que permita formar a los profesionistas y técnicos que se requieren hoy para detonar economías competitivas, exportadoras y productivas en cada región.

Reforzar al Sistema Nacional de Investigadores y promover que quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios de alto nivel puedan incorporar sus conocimientos y talentos al desarrollo nacional, para que el país sea capaz de producir y utilizar ciencia y tecnología propias, al tiempo de romper la enorme dependencia que tenemos en esta materia con los países más desarrollados.

Exigir la permanencia y mejoramiento constante de los libros de texto gratuitos, con apego estricto a los principios que señala el Artículo Tercero constitucional, que fomenten el conocimiento, la libertad, el respeto y la solidaridad entre los mexicanos.

Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de desayunos escolares, insistiendo que éstos sean nutritivos y balanceados.

Reforzar y ampliar la cobertura de las escuelas de educación especial, educación técnica y programas de capacitación, enfatizando mayores acciones en el medio rural.

Evaluar y plantear nuevas formas de colaboración entre la Federación y las entidades federativas, para hacer frente a los retos de una educación nacional de calidad, y revisar a fondo los alcances e implicaciones del proceso de descentralización educativa. Para apoyar la vigilancia y el cumplimiento de los programas de trabajo en el sector educativo, exigiremos se elaboren indicadores de gestión y metas de calidad, de los cuales las autoridades administrativas deberán informar periódicamente a los congresos estatales y federal.

Cultura

México es un país con una profunda tradición, un vasto patrimonio cultural y una milenaria y compleja historia que nos dan identidad. Nuestras características culturales constituyen una de las fortalezas más sólidas en el orden mundial y nos colocan en el plano de la cultura universal como uno de los bastiones histórico-culturales más ricos del orbe.

En el Partido Revolucionario Institucional consideramos a la cultura como un derecho humano universal inherente a la dignidad de las personas y de los pueblos.

Para preservar e impulsar al patrimonio cultural de México, el Partido Revolucionario Institucional se propone:

Impulsar que el fomento cultural adquiera el rango de política de Estado en el contexto del fortalecimiento plural y equitativo de nuestro federalismo, que involucre concurrentemente a los tres órdenes de gobierno, con el presupuesto conveniente, y que convoque a la sociedad en su conjunto.

Instrumentar una política partidista que fiel a los principios de la izquierda social demócrata, promueva el derecho a la cultura con sentido democrático, incluyente y equitativo, y con pleno reconocimiento –sin discriminación alguna e incluyente de la cultura de la migración- a la muy rica y amplia diversidad que en la era de la mundialización se expresa en el país.

Evaluar y promover las políticas públicas y el marco legislativo en la materia, tanto para el ámbito de la creación, la promoción y difusión, como para el de la educación en sus aspectos específicos.

Salud para vivir con calidad

La salud es un derecho plasmado en el Artículo Cuarto de la Constitución, que establece “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es decir, que es un derecho universal. En este sentido, en el PRI nuestro compromiso va encaminado a:

Revisar el mecanismo del seguro popular, porque si bien contempla algunas ventajas en su concepción, no es suficiente para atender los problemas de salud pública de los grupos de menores recursos, independientemente de que su operación ha significado un incremento en la demanda del servicio, sin el correspondiente crecimiento de sus recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

Fortalecer y modernizar las instituciones de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE y los servicios públicos de salud, que permitan conformar un sistema de salud integral. Así como mejorar los servicios que prestan y garantizar el abasto suficiente de medicamentos, el desarrollo de la infraestructura necesaria y el equipamiento hospitalario y de consulta con alta tecnología.

Alcanzar el acceso universal a los servicios de salud y superar los contrastes regionales que persisten en cobertura y calidad, pues es responsabilidad fundamental del Estado garantizar la universalidad en el ejercicio de este derecho, así como la equidad en la aplicación de políticas públicas.

Promover una mayor asignación de inversión pública federal, estatal y municipal en materia de salud.

Impulsar una reforma al sistema de salud, con objeto de hacer posible una reorganización que responda a las nuevas realidades económicas, sociales, demográficas y epidemiológicas de México.

Lograr, en conjunto, con nuestros legisladores federales, leyes que garanticen el abasto de medicamentos al sector salud a precios justos.

Incorporar al cuadro básico de vacunación la del cáncer cérvico-uterino, y establecer mejores programas para combatir, entre otros padecimientos, la diabetes, el cáncer y el VIH Sida.

Alentar el desarrollo de los programas de educación para la salud por su relevancia para el buen éxito de la salud pública y la prevención de las enfermedades.

Promover el acceso a los servicios de especialidad y de alta tecnología médicas existentes en México, a favor de los grupos más vulnerables que existen en nuestra sociedad, aplicando criterios de regionalización de la red de hospitales públicos.

Revisar la descentralización y operación del sistema nacional de salud, para que los Estados y Municipios asuman su responsabilidad con los ciudadanos y sean ellos quienes promuevan desde sus competencias, la modernización de los servicios de salud.

Diseñar un programa de prevención y rehabilitación de adicciones con la participación de los tres niveles de gobierno y de la misma sociedad.

Deporte y recreación

El Partido debe fomentar y promover el deporte en todas sus etapas, desde la edad temprana hasta la edad adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre los mexicanos.

El deporte es un factor de integración, salud y valores en nuestra sociedad, el impulso y fomento del mismo evita vicios, adicciones y delincuencia. Por ello el PRI se compromete a:

Promover leyes que tengan como finalidad el impulso de valores deportivos y la recuperación de talentos que sirvan como base para la difusión de los mismos.

Propiciar la capacitación, formación y actualización de los directivos de la asociaciones civiles vinculadas al deporte, a través de cursos y diplomados que desarrollen la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos del campo de la administración hacia la organización deportiva.

Propiciar las condiciones de participación para el desarrollo de la formación de educadores deportivos y entrenadores especializados en cada disciplina, por medio del planteamiento curricular de contenidos, habilidades y destrezas para la docencia deportiva.

Desarrollo regional y urbano con equilibrio

El impulso al desarrollo regional requiere planes, programas y acciones concertadas, coherentes y complementarias, sustentadas en un marco jurídico renovado y de inversión multianual, que fortalezca el desarrollo regional y nacional, con equidad, atendiendo el bienestar de las familias; al crecimiento económico con empleo e ingreso remunerativo; en convivencia con un medio ambiente sustentable y con atención a disparidades regionales.

El desarrollo regional se debe sustentar en el impulso a programas de infraestructura, capacitación, innovación y difusión tecnológica, desarrollo de actividades productivas y consolidación de mecanismos de organización social, con el propósito de ser competitivos en lo global e impulsar el desarrollo local, que tienda a un desarrollo regional más equilibrado, con una visión interestatal y nacional de mediano y largo plazos. Nuestro compromiso es:

Desarrollar nuevos instrumentos para la gestión urbana, el ordenamiento de nuestras ciudades y el derecho a la ciudad, que mejoren las condiciones de habitabilidad; que generen oportunidades de tierra y vivienda para todos los grupos de ingreso; pongan en valor nuestro patrimonio; consoliden y mejoren la vivienda, la infraestructura, el equipamiento, los espacios abiertos y los servicios como mecanismos de compensación social; nos prevengan de desastres naturales; preserven el medio ambiente; y sean un marco eficaz de vida y bienestar.

Revisar y fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito nacional y, restablecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, una comisión a cargo del desarrollo urbano, para fortalecer la concurrencia y coordinación; establecer leyes reglamentarias; así como fomentar la coordinación y congruencia en las leyes locales; y fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento urbano; al dotar a los municipios de instrumentos que permitan atender a la problemática urbana con capacidad y transparencia.

Implementar nuevos instrumentos jurídicos, financieros y administrativos en las áreas metropolitanas, que reconozcan el fenómeno y establezcan una nueva ley reglamentaria; que defina instrumentos de coordinación, planeación, inversión, financiamiento, gestión, fomento y participación social; que responda a principios de obligatoriedad y permanencia de las instituciones.

Vivienda digna: espacio para la familia

El derecho a una vivienda digna es una garantía constitucional. Por tal motivo, deben establecerse sistemas que apoyen la producción social y atiendan a toda la población, en particular a la de escasos recursos en los ámbitos rural y urbano, con programas de vivienda nueva y mejoramiento de viviendas existentes, que mejoren las condiciones de habitabilidad y den cumplimiento a este derecho, reconociendo su prioridad. En este sentido, en el PRI estamos a favor de:

Vincular los programas habitacionales con el desarrollo urbano; que oriente el crecimiento ordenado y sustentable que haga ciudad, aliente la convivencia y acerque el empleo y los servicios; evitando el modelo de crecimiento especulativo, disperso, costoso y desarticulado.

Promover el uso de tecnologías que impulsen la mano de obra intensiva y fomenten el empleo, así como la utilización de insumos locales, con diseños que respondan a la cultura, costumbres y tradiciones al respetar el entorno natural y cultural.

Pugnar para que los gobiernos federal y estatal promuevan acciones de vivienda nueva, mejoramiento, vivienda rural y reservas territoriales accesibles para todos los mexicanos, en particular para los grupos más desprotegidos, con sistemas de financiamiento justos. Las reservas territoriales pueden constituirse mediante el desarrollo de asociaciones con ejidos, para el aprovechamiento de tierras rurales conurbadas.

Justicia para los campesinos, pescadores y productores sociales

En el PRI entendemos el desarrollo del campo con base en el empleo, la implementación de proyectos productivos y con el mejoramiento de la calidad de vida de los productores; con acceso a educación y servicios de salud; con viviendas dignas; y con el respeto a sus derechos laborales.

La mayor desigualdad entre los mexicanos se concentra en las zonas rurales, en particular las áridas y serranas, y en algunos grupos de productores de economía precaria. Por tal motivo, a través de nuestras organizaciones campesinas exigiremos en materia de bienestar social equidad entre el campo y la ciudad, y lucharemos para que la política social tenga una orientación que favorezca su desarrollo. Asimismo, pugnaremos por:

Impulsar la ganadería del sector social con un enfoque integral de cadenas productivas, asegurando la participación de los productores rurales.

Promover el fortalecimiento de las empresas sociales ejidales y de minifundistas para que se compacten áreas temporaleras, y éstas puedan adoptar agricultura y ganadería por contrato, instalen invernaderos y contribuyan a la construcción de obras de infraestructura básica para el bienestar social.

Impulsar la justicia y modernización administrativa de las instituciones agrarias, con la agilización y facilitación de sus trámites.

Recuperar la cultura de la producción y de la economía familiar campesina.

Impulsar políticas públicas en el caso de los pescadores y otros productores sociales relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y extractivas, así como de los habitantes de las zonas áridas y serranas del país, para que sus proyectos, de impacto económico y social, en el ámbito regional encuentren una respuesta efectiva.

Pugnar porque el Estado apoye con todo vigor la producción nacional agropecuaria.

Desarrollar una auténtica Política de Estado que promueva el desarrollo del sector pesquero, que promueva la industria pesquera como estrategia de aprovechamiento y presencia nacional en mares y territorios en ultramar.

Impulsar políticas públicas relacionadas con el manejo adecuado y racional de la explotación de los recursos pesqueros, el uso de equipos y prácticas de pesca que sólo capturen las especies objetivo, evitándose efectos ecológicos negativos y el perjuicio de otras especies relacionadas con la cadena de alimentos, asegurando que los beneficios lleguen en forma justa a los diferentes grupos sociales, y que los intermediarios no perjudiquen a los pescadores.

Alentar reformas legales que conduzcan a expandir las actividades pesqueras, de acuacultura y de maricultura.

Poner a disposición de los pescadores los logros sobre la investigación científica y tecnológica que sobre cultivos y artes de pesca se hayan alcanzado.

Apoyar presupuestalmente a las escuelas técnicas pesqueras e instituciones de educación superior sobre este ramo.

Exigir la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de jornaleros agrícolas e impulsar el acceso de los trabajadores del campo y de sus familias a la seguridad social y a los programas sociales, así como un trato digno en sus centros laborales.

Soberanía alimentaria

La soberanía agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, y es requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. Ante esta situación, el PRI se compromete a:

Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria. El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.

Establecer una política económica y social coordinada, que permita fortalecer la seguridad alimentaria en el país y que impulse la producción agropecuaria nacional, a la vez que disminuya la dependencia alimentaria actual de algunos granos básicos como el arroz, trigo, sorgo, cebada, maíz y frijol, entre otros.

Apoyar políticas de Estado en materia de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.

Elevar a rango constitucional el derecho de toda la población a la seguridad alimentaria, y que ésta sea reconocida como un tema de seguridad nacional.

Replantear el Acuerdo Nacional para el Campo en el marco de la soberanía alimentaria.

Impulsar la modernización del marco jurídico para dar seguridad y certeza jurídica a los productores de alimentos, mediante la creación de un Sistema de Planeación del Sector Agroalimentario, que involucre a todos los niveles